Intendentes se abroquelan y buscan frenar intervenciones municipales

Argumentan que hay persecuciones políticas y que en algunos casos no se cumplen con los requisitos para pedir las intervenciones, con el argumento de que no existen dictámenes de la Contraloría.

Corporativismo.  Intendentes de distintos puntos del país se reunieron ayer con los diputados de Asuntos Municipales.

Encabezados por la intendenta de Ybycuí, la cartista María del Carmen Benítez, presidenta de Opaci y esposa del diputado imputado por tráfico de influencia Tomás Rivas, jefes comunales de todo el territorio nacional llegaron ayer hasta la Cámara de Diputados para manifestarse en contra de las intervenciones municipales.

Los intendentes fueron recibidos en audiencia por los miembros de la comisión de Asuntos Municipales, presidida por el colorado oficialista Esteban Samaniego.

“No venimos a victimizarnos, pero sí alzar la voz de preocupación ante masivas intervenciones a intendencias municipales de todo el país. No defendemos a un color ni a otro, pero queremos la garantía suficiente, que se puedan cumplir los procesos para poder determinar que una Municipalidad debe ser intervenida”, dijo Benítez.

La misma culpó a la prensa de las denuncias en contra de los intendentes y señaló que los medios solo publican que todos los intendentes son corruptos y no ven el trabajo que realizan.

De acuerdo a la cartista, los pedidos de intervención no cumplen con los requisitos necesarios para que se cumpla el proceso y puso como ejemplo que en el caso de Ciudad del Este, bajo la gestión de la también cartista Sandra McLeod de Zacarías, el pedido de intervención “ni siquiera dictamen de la Contraloría tiene”.

Sin embargo, al señalársele que la Comuna del Este no permite el ingreso de la Contraloría, no supo responder y prefirió cambiar la conversación, aunque se le insistió sobre el tema y dijo que lo que buscan son garantías de que los procesos se cumplan.

PERSEGUIDOS. Indicó que es un momento difícil el que están atravesando los municipios.

No queremos ser perseguidos por una cuestión meramente momentánea, política, porque a X ciudad le parece que ya debe terminar las funciones de ese intendente”, remarcó.

No solamente la intendenta de Ybycuí se refirió en esos términos a los pedidos de intervención. También lo hicieron varios otros jefes comunales, que indicaron que la intervención debe ser el último paso en el control a un Municipio y que la Contraloría y Fiscalía deben realizar su trabajo primeramente y hacerlo de manera objetiva.

La Cámara de Diputados debía sesionar ayer, sin embargo, para no dar trámite al pedido de intervención de Ciudad del Este y conformar la comisión especial, la mesa directiva decidió suspender la sesión ordinaria y en su lugar se realizó la reunión con los intendentes.

En consonancia con los intendentes, el diputado Samaniego aseguró que la intervención debería ser el último mecanismo aplicado cuando la Contraloría General de la República detecte un problema muy grave en una Comuna.

“Luego de esto el tema deberá pasar a la Fiscalía de Delitos Económicos, para que aquel intendente culpable no solo sea intervenido, sino que vaya preso como dice la ley, pero en tanto no se pruebe la culpabilidad, no podemos los diputados, convertirnos en juzgadores”, aseveró.

La ley 317 que reglamenta las intervenciones, no establece que el único requisito sea contar con un dictamen de la Contraloría.

Fuente: UH

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