Estas son las condenas que tuvo el Paraguay en la Corte IDH

El Estado paraguayo fue condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en siete ocasiones, de las cuales cumplió a cabalidad una sola sentencia.

En 2001 un incendio en la cárcel Panchito López dejó un saldo de 12 muertos.

Desde que firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, el Estado paraguayo recibió sentencias en siete demandas y perdió en todas ellas. Aunque hasta el momento solamente cumplió totalmente con lo requerido en un caso.

Caso Ricardo Canese

El parlasuriano Ricardo Canese demandó al Estado en la década de 1990, luego de ser condenado por difamación y calumnia contra el ex presidente Juan Carlos Wasmosy en dos instancias.

Ricardo Canese ganó una demanda contra el Estado en el 2004.

Tuvo una pena de dos meses de reclusión, una multa de G. 2.909.000, pero también una restricción permanente para salir del país, la cual fue levantada solamente en circunstancias excepcionales y de manera inconsistente. Su caso llegó hasta la Corte Internacional y ganó en el 2004.

Finalmente el Estado cumplió con lo que dispuso el organismo.

Sentencias no cumplidas

En este apartado, corresponde aclarar que el Estado cumplió con algunas de las disposiciones en las sentencias emitidas por la Corte, pero en ningún caso llegó a cubrir la totalidad.

Estos casos corresponden a las comunidades indígenas Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek, al de Agustín Goiburú y al del incendio del Panchito López.

Restitución de tierras a comunidades indígenas

La comunidad Yakye Axa no puede acceder a sus tierras y también está pendiente un proyecto de desarrollo para esta población.

El organismo internacional ordenó al Estado que restituya tierras ancestrales a las comunidades indígenas Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek, ubicadas en el Chaco paraguayo.

Según el secretario general de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Óscar Ayala, para los Yakye Axa se adquirió una propiedad, pero la comunidad no puede ocupar aún las tierras por falta de caminos de acceso.

Para los Sawhoyamaxa, el Estado expropió tierras que ya son ocupadas por losbeneficiarios, pero falta el título para que sea legal. Mientras que para Xákmok Kásek también adquirió, pero no la totalidad de las tierras y la comunidad ya ocupa esa parte, falta una facción de 3.000 hectáreas.

Además, la Corte obligó al Gobierno a que provea de asistencia médica a los miembros de los distintos grupos, pero debido a la falta de caminos esta condena tampoco se cumple.

Los Sawhoyamaxa siguen esperando la restitución de sus tierras.

Desaparición de Agustín Goiburú y otros

Por la desaparición de Agustín Goiburú y otros, uno de los denunciantes, Rogelio Goiburú, indicó que algunos puntos se cumplieron y otros no. Se reconoció la responsabilidad del Estado en la desaparición de personas durante la dictadura stronista y pidió disculpas públicas por los secuestros de su padre, junto con Carlos José Mancuello, Rodolfo Feliciano Ramírez Villalba y Benjamín De Jesús Ramírez Villalba.

También se realizó el pago por resarcimiento en el 2008, pero todavía falta condenar a todos los responsables de las torturas y desapariciones. Asimismo, queda pendiente la localización de las víctimas.

Rogelio Goiburú sigue buscando los restos de su padre desaparecido durante la dictadura.

Incendio en el Panchito López

Mientras que en el incendio del Instituto de Reeducación del Menor Panchito López, ocurrido en el 2001, el Estado solamente resarció económicamente a los familiares. Aún faltan puntos por cumplir, como por ejemplo, la provisión de tratamiento médico para los afectados, puesto que no hay una lista actualizada de los que necesitan la asistencia.

Además, tampoco pudo expresar las disculpas públicas porque falta cumplir con la presentación de una política pública para la reinserción de los menores que estuvieron recluidos.

Caso Vargas Areco

En el 2006, la Corte IDH condenó al Estado paraguayo por el asesinato del soldado Gerardo Vargas Areco, ocurrido el 30 de diciembre de 1989, en la II División de Infantería de Villarrica, Departamento del Guairá.

Según el Servicio de Paz y Justicia de Paraguay (Serpaj-Py), el Estado cumplió con parte de la sentencia. Esto incluía modificar la ley del Servicio Militar Obligatorio (SMO), indemnizar a la familia, realizar cursos sobre derechos humanos en las Fuerzas Armadas y proveer de tratamiento médico a los afectados. Sin embargo, esto último no siempre se cumple debido a las complicaciones del sistema de salud paraguayo.

Como consecuencia, desde el 2007 se prohibió que menores de 18 años hagan el SMO, aunque varios adolescentes igualmente hacen el servicio actualmente.

La familia Vargas Areco reside en Bella Vista Norte, Departamento de Amambay, y no puede acceder plenamente a los servicios de medicamentos.

Acuerdos amistosos

Por otro lado, el Estado también llegó a acuerdos amistosos en la Comisión Internacional de Derechos Humanos con los demandantes.

Uno de ellos, con la Comunidad Kelyenmagategma, en el que se comprometía a adquirir una extensión de 1.000 hectáreas ubicada en Puerto Colón, del Distrito de Puerto Pinasco, Departamento de Presidente Hayes, Chaco. Pero hasta el momento no cumplió con todas las cláusulas.

También en el caso conocido como “Cristina Aguayo Ortiz y otros”, que había sido denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) en el 2008, luego de comprobarse que aquellos niños trasladados a hogares de abrigo mediante orden judicial no pudieron vincularse por mucho tiempo con sus familias, Paraguay reconoció su responsabilidad y pidió disculpas públicas por el caso.

Caso Arrom y Martí

El próximo caso que involucra a Paraguay que debe tratar la Corte IDH es la demanda que presentaron Juan Arrom y Anuncio Martí, buscados por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi. El Gobierno prepara su defensa para el 7 de febrero.

Fuente: Uh

 

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