Denuncian penalmente al ministro del Interior por “comisarías de oro”

La Coordinadora de Abogados del Paraguay (CoaPy) presentó el pasado lunes una denuncia penal por supuestos hechos de corrupción pública contra el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, en el marco de la adquisición de comisarías móviles a un alto costo.

La Coordinadora de Abogados del Paraguay denunció al ministro del Interior

Las abogadas María Esther Roa Correa y Aidé Vera, de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, presentaron la denuncia contra el titular de la cartera del Interior, Juan Ernesto Villamayor, quien adquirió seis comisarías móviles a un precio exorbitante, además de otros artículos, como notebooks.

La denuncia contra el ministro Villamayor es por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza. Una de las comisarías apostadas en Luque, incluso, sufrió daños en su infraestructura el pasado sábado, como consecuencia de un temporal.

No obstante, cuenta con garantía de la empresa TSV del Paraguay, que es la que proveyó al Estado las seis comisarías.

En la denuncia, refieren que el Ministerio del Interior pagó G. 493 millones por cada comisaría móvil, con un supuesto sobrecosto de 16 veces, atendiendo a que se adquirieron mobiliarios a un precio por unidad de: G. 7 millones las mesas, G. 7.350.000 los armarios, G. 5.450.000 las heladeras, G. 4.053.000 los matafuegos y G. 4.500.000 los asientos tipo bancos de tres cuerpos, entre otros artículos, cuando que el precio de mercado es mucho menor.

En ese sentido, señalaron que tres de las seis comisarías se adquirieron en el marco del Programa de Seguridad Ciudadana, mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y las otras tres con presupuesto propio del Ministerio del Interior.

Asimismo, mencionaron que el Ministerio del Interior adquirió pc portátiles a un precio unitario de USD 2.000, cuando que en el mercado los modelos más avanzados no superan los USD 750.

Desde la Coordinadora refieren que el mal manejo del dinero público por parte del ministro constituye una clara violación al deber de integridad que, en razón de su cargo, le está confiado, además de una lesión a los intereses patrimoniales del Estado.

Fuente: UH

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